Los socialistas madrileños proponen a Fomento siete prioridades en la modificación de la Ley de Navegación Aérea y exigen más voz para los municipios afectados por el ruido de los aviones.
· Establecimiento de medidas correctoras y compensatorias para garantizar los derechos de los dueños de los bienes subyacentes y de los residentes, trabajadores y usuarios de los servicios públicos en los municipios afectados por las servidumbres acústicas.
· Establecimiento de una normativa publica clara respecto a la utilización de las infraestructuras aeroportuarias en sus diversas configuraciones, exigiendo su cumplimiento y sancionando las infracciones, en su caso, que se produjesen.
· Incentivar el uso de aeronaves más modernas, menos ruidosas y dotadas con navegadores de precisión (PRAV), especialmente en las configuraciones que presenten una mayor afección a las poblaciones del entorno de las infraestructuras aeroportuarias.
· Establecer, por parte de las autoridades aeronáuticas, un control más estricto del uso de las rutas fijadas en cada configuración por parte de las compañías aéreas y sancionar con mayor rigor y eficiencia los incumplimientos.
· Definición de las rutas aéreas sobre áreas de servidumbre bajo el principio de concentración, conforme a las disposiciones de la OACI (Doc. 8168) que preconizan la concentración del ruido, y no su dispersión, salvo que fuese ineludible por razones de seguridad.
· Fijar la participación directa de las Corporaciones Locales de los municipios afectados por las servidumbres de una instalación aeroportuaria en la elaboración y aprobación de los planes de acción que incluyan las medidas correctoras y las compensaciones pertinentes a los residentes afectados.
· Establecimiento de un Fondo de Compensación Municipal que permita a los municipios afectados por las instalaciones aeroportuarias una compensación por zonas afectadas y limitaciones en su desarrollo económico.
· Creación de un Fondo Ambiental dedicado a corregir los impactos ambientales generados por las instalaciones aeroportuarias y en cuya gestión participen directamente los municipios afectados por las mismas.
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