El PSM ha aprobado, en el marco de La III Conferencia de Alcaldes Socialistas de la Comunidad de Madrid, un Código Ético de Buen Gobierno para cargos públicos y directivos de libre designación que establece un principio de "tolerancia cero" con la corrupción, porque "la política y medrar económicamente son incompatibles", ha explicado el Secretario General del PSM-PSOE, Tomás Gómez.

"Hay personas que no llegan a final de mes, que pierden su empleo, la prestación por desempleo, que no pueden pagar la hipoteca... Es inmoral que responsables públicos estén cobrando de dos y tres sitios. La política y medrar económicamente son incompatibles", ha subrayado Gómez en rueda de prensa posterior a la reunión, en la que también han participado portavoces socialistas de los principales municipios de la región.

El líder de los socialistas madrileños ha invitado al PP y al resto de las fuerzas políticas a unirse a este Decálogo para parar la "degeneración" que está sufriendo la vida política de la Comunidad, que vive "conductas presuntamente delictivas que están enturbiando el concepto de Política con mayúsculas". Asimismo ha señalado que dicho Código incorpora una serie de medidas para dotar de "más transparencia" a la acción de la administraciones y aplicar un criterio de "tolerancia cero y máximo rigor con cualquier caso que pueda enturbiar la política".

El PSM quiere que su Código Ético sea aprobado por la Asamblea Legislativa de la Comunidad para que tenga "carácter jurídico". En él se recoge que se aplicará "con el máximo rigor y tolerancia cero, la legislación y los acuerdos antitransfuguismo, garantizando el respeto a la voluntad popular expresada en los procesos electorales" y se prevén límites legislativos a la utilización de los recursos públicos para evitar la prevalencia del interés particular o partidista en el uso de los mismos", en cuanto a vehículos oficiales, uso de instalaciones, publicidad y propaganda institucional.
El texto aboga también por realizar comisiones de seguimiento y vigilancia de las contrataciones, que deben realizarse basándose en la "capacidad, mérito, eficacia técnica y/o oferta económica para garantizar los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre concurrencia".

Prevé que en las comisiones de investigación participen los distintos grupos políticos de forma proporcional a su representación y en ellas las decisiones se tomen por mayoría cualificada. Además, defiende la "máxima transparencia en los procedimientos urbanísticos" a través de la realización de auditorías urbanísticas en los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid a través de un organismo de control similar al Tribunal de Cuentas.
Asimismo, el Código Ético prevé la máxima publicidad a las declaraciones de bienes, participaciones societarias y/o en consejos de administración, ingresos económicos y remuneraciones en dinero o especies de los cargos electos y directivos de libre designación, sus cónyuges o personas que convivan en análoga relación de afectividad. Todo ello incorporando las variaciones durante el periodo de ejercicio y los dos años posteriores a la finalización del mismo. En este sentido, la propuesta se completaría con una regulación legislativa que permita definir un marco de remuneraciones y las incompatibilidades respecto a su participación en otras empresas u organizaciones.

Junto con la creación de un Defensor del Ciudadano, el PSOE prevé garantizar la pluralidad en las empresas públicas y establecer por ley un marco mínimo de garantías para los grupos de oposición que les permita, mediante el uso d ellos recursos públicos suficientes, la participación y el acceso a la información para ejercer sus tareas de control al gobierno.
Finalmente, contempla comisiones de seguimiento y control del uso de los medios de comunicación públicos municipales en las que se tomen las decisiones por mayoría cualificada, así como el refuerzo de los mecanismos de control de los medios públicos autonómicos para garantizar la objetividad informativa y el uso leal de los recursos públicos.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO
Los otros dos ejes fundamentales de trabajo en esta III Conferencia de Alcaldes han girado en torno a la financiación autonómica -"que debe garantizar el carácter finalista de una parte importante de la misma, de forma que se atiendan con carácter obligatorio las necesidades sociales de la región en torno a cuatro ejes prioritarios: Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Dependencia"- y medidas para el fomento del empleo y la atención a las familias y empresas con dificultades.

Así, tal y como ha explicado Tomás Gómez, el PSM presentará a Esperanza Aguirre, el próximo 1 de septiembre, un plan de gasto para los 1.700 millones de euros extras que cobrará la región del Estado gracias al nuevo sistema de financiación autonómica y exigirá la participación en los ingresos de la Comunidad de Madrid por parte de las administraciones locales, a la luz de los servicios que están prestando los ayuntamientos y que, en principio, corresponderían a la administración regional conforme al reparto de competencias.

El PSM también dará su opinión sobre en qué se tienen que invertir los recursos del segundo Plan E previsto por el Gobierno Central, de 5.000 millones de euros para toda España y de los que se calcula la Comunidad de Madrid recibirá más de 700 millones de euros. Además, ha reclamado el líder de los socialistas madrileños, se hace preciso "un fondo regional de inversión que se añada al del Estado". "Que la Comunidad ponga el 50 por ciento de lo que pone Zapatero, 350 millones adicionales, que son necesarios hoy en Madrid porque sigue siendo la única Comunidad que genera desempleo, mientras en el resto disminuye".