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La portavoz socialista y miembros de la dirección del Grupo Parlamentario han entregado esta mañana en la Junta Electoral Central un escrito para poner en conocimiento la presunta irregularidad de la financiación de la campañas electorales autonómicas del PP en mayo y octubre de 2003 y marzo de 2004.

“Planteamos nuestra obligación de representación de la ciudadanía y no podemos mirar hacia otro lado cuando hemos tenido conocimiento de estos posibles hechos, por lo que los hemos puesto en conocimiento de la Junta Electoral Central. Además, hemos solicitado la contabilidad de la fundación Fundescam del PP y de las empresas que aparecen como donantes de esta fundación mientras reciben contratos públicos de la administración autonómica”, explicó Maru Menéndez.

En concreto, el Grupo Socialista solicita a la Junta Electoral Central:

- Si la contabilidad presentada ante este organismo refleja de manera fiel las partidas de ingresos y gastos efectuados durante los periodos electorales señalados.
- Se solicite a la entidad Fundescam para que aporte ante ese órgano la contabilidad correspondiente a los ejercicios 2003 y 2004 y se compruebe de esa forma si se han efectuado ingresos y se han realizado pagos directamente relacionados con las campañas electorales del PP de 2003 y 2004 señaladas, y por tanto, habiendo sido realizadas fuera del control contable atribuido a la Junta Electoral Central y contraviniendo la legislación electoral.
- A los efectos señalados en el punto anterior, en su caso, se solicite a las empresas que hubieran prestado servicios para el PP de Madrid durante los señalados procesos electorales, para que justifiquen si, en los mismos periodos, facturaron por cualesquiera conceptos a la entidad Fundescam.
- Una vez realizadas las anteriores averiguaciones, si de las mismas se pudieran desprender irregularidades en materia de financiación electoral ponga los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal de conformidad con lo previsto 134.2 de la LOREG.

“De ser ciertos los hechos que plantea la información publicada, estaríamos ante un posible delito electoral y ante una utilización indebida de fondos públicos”, aseguró Menéndez, “ya que son empresas que financian a una fundación del PP mientras a su vez recibe contratos de la administración pública gobernada por ese partido”.

“Hoy damos un primer paso y seguimos trabajando con nuestros servicios jurídicos para presentar estos presuntos hechos en otras instancias –como el Tribunal de Cuentas o la propia Fiscalía- con el objetivo de que se esclarezcan, ya que de confirmarse constituirían algo gravísimo”, concluyó.