Tras la solicitud de Izquierda Unida al Defensor del Pueblo para que estudie la viabilidad de dirigirse al Tribunal Constitucional en defensa de la sanidad pública y contra la privatización de hospitales en la Comunidad de Madrid, aquél ha respondido mostrando su inquietud al respecto y recomendando que interpongan un recurso contencioso-administrativo. Como ya quedó patente en diversos informes anuales presentados a las Cortes Generales, así como en el curso de actuaciones llevadas a cabo ante la Consejería de la Comunidad de Madrid, el Defensor del Pueblo está "preocupado" por las iniciativas del Gobierno Regional en materia de organización y gestión de centros y servicios sanitarios, debido a que este modelo pudiera romper con principios fundamentales del sistema público, "como son los de universalidad, gratuidad, financiación pública y equidad".

Recomendación de Enrique Múgica
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, no sólo ha contestado a la petición que le fue remitida por el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspas Llamazares, y por la portavoz del Grupo Parlamentario de IU-CM en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, el pasado 10 de octubre, si no que lo ha hecho, además, recomendándoles nuevas vías de actuación. Los miembros de la formación utilizaron como base de su solicitud la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre la habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, "un verdadero colador" por el que están entrando todas las figuras de privatización sanitaria.

A pesar de que, tal y como señala Múgica en la misiva, no es posible técnicamente interponer el recurso de inconstitucionalidad solicitado porque los fundamentos de tal petición, encuadrados en los mecanismos legitimados para acudir a esta vía, han quedado ya fuera del plazo de tres meses a partir de la publicación oficial de las normas cuestionada, el Defensor subrayó que esta Institución seguirá profundizando en la búsqueda de posibles vías de actuaciónen "en orden a intentar dar respuesta a la creciente percepción de los ciudadanos" sobre el deterioro de la sanidad pública.

El Puerta de Hierro y Pontones, en el punto de mira
Según ambos políticos de IU, el mensaje de Múgica supone también un "aviso para navegantes", al concretar que está estudiando dos casos que podrían suponer un riesgo para el la equidad y la gratuidad del Sistema Público de Salud, el del nuevo Hospital Puerta de Hierro y el del centro de especialidades de Pontones, en los que la institución va a ir "hasta sus últimas consecuencias" ante la posible vulneración de derechos constitucionales por parte del Gobierno regional. El Defensor de Pueblo ya está tomando cartas en el asunto y ha solicitado a la Consejería madrileña que le remita el concierto singular de vinculación suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud y la Fundación Jiménez Díaz para analizar el marco jurídico que preside esta relación y su adecuación al marco legal vigente.

A la espera de ver lo que ocurre tras las nuevas vías de acción, Llamazares se reunió recientemente con el ministro de Sanidad, Bernat Soria, y su secretario general, José Martínez Olmos, un encuentro en el que, a pesar de que éstos "no dejaron claras" sus líneas de actuación para frenar la privatización, compartieron su preocupación por lo acontecido en la Comunidad, "que va más allá de lo sanitario y se sumerge en el negocio". El portavoz de IU pidió que esto no se quede en una simple percepción por parte del titular de Sanidad y que se tomen medidas concretas dentro de sus competencias, como es el caso de recurrir a la Alta Inspección.