
EL GOBIERNO DE ESPERANZA AGUIRRE VUELVE A ATACAR A LA EDUCACIÓN
El gobierno de la Comunidad de Madrid vuelve a atacar a la educación. Ahora le ha tocado a las Universidades, a las que ha reducido la financiación necesaria para su funcionamiento. Y, además, para justificar lo injustificable y encubrir su incapacidad para gestionar con solvencia la Comunidad de Madrid, lanza impunemente la responsabilidad de la disminución de la subvención al Gobierno de España en una carta de la Consejera de Educación dirigida a todo el profesorado de las Universidades públicas. Todo un alarde de cinismo.
La consejera madrileña afirma que la retención de un pago el 2 de Septiembre por parte del Gobierno de la nación a la Comunidad de Madrid sería la causa de la citada disminución de la trasferencia. De todos es sabido que es una decisión tomada con anterioridad. Pero, además, es absolutamente falso que el Gobierno de España reduzca la financiación de las CCAA.
Es precisamente la Comunidad de Madrid la que no cumple con las Universidades madrileñas. Conoce muy bien Esperanza Aguirre que las trasferencias de las cantidades presupuestadas del Gobierno a las CC.AA no son finalistas (salvo convenio específico, que no es el caso) y, por tanto, son éstas las que de acuerdo a sus propios Presupuestos atribuyen el gasto. Dicho de otro modo, si hubiera que hacer algún tipo de recorte, por causa sobrevenida, es la Comunidad la que decide dónde recorta el gasto o la inversión y cuándo se debe realizar. En este caso, la prioridad para disminuir el gasto ha sido ni más ni menos que la Universidad pública.
La comunidad de Madrid hace pagar su incapacidad de gestión sobre los hombros de los profesores y trabajadores de las universidades y devaluando el servicio público para los más de 230.000 estudiantes universitarios de la Comunidad de Madrid.
Ante la gravedad de tales hechos desde el PSOE queremos manifestar nuestro radical y explícito apoyo a las Universidades públicas de Madrid. Pedimos que a la mayor urgencia se solucione esta insensata irresponsabilidad por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid.
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