Los socialistas han hecho cálculos y para una familia madrileña media, con dos hijos en edad escolar y unos ingresos familiares mensuales de entre 2.000 y 2.500 euros, el coste de escolarización de sus hijos le supondrá cerca del 60% de sus ingresos en el inicio de curso 2008-2009. Esto es así porque, a juicio de los socialistas, la política de desmantelamiento de la educación pública llevada a cabo por Esperanza Aguirre provoca que sean las familias madrileñas las que paguen por ello, por lo que el PSOE pide que se apliquen ayudas como la gratuidad de los libros de texto para aliviar el coste de la vuelta al colegio.
La portavoz socialista en
Gratuidad de los libros de texto
En este sentido, Maru Menéndez recordó que “ya el año pasado, en palabras de la propia consejera de Educación, recogidas en los Diarios de Sesiones en Pleno y Comisión, 150.000 familias que habían demandado ayudas para los libros de texto se quedaron sin becas”. Por ello, “los socialistas planteamos una vez más la necesidad de establecer en
De hecho, continuó, “este año sólo se aumentarán los cheques de ayuda para adquirir libros de texto en unos 10.000, pasando de los 293.000 concedidos para el curso 2007/2008, hasta los 302.000 que se concederán para este curso”. Por lo tanto, se preguntó “¿cuántas familias que han solicitado estas ayudas se quedarán sin ellas?”
El sistema de cheque libros es claramente insuficiente, denunciaron las portavoces socialistas, ya que no cubre el coste completo de los libros de texto y las becas de comedor y transporte apenas aumentaron en los presupuestos educativos para este año. “Esto demuestra la falta de compromiso del Gobierno regional para garantizar a las familias madrileñas el derecho a la educación de sus hijos bajo los principios de calidad y gratuidad reconocidos en
Déficit de 30.000 plazas de Educación infantil
Maru Menéndez también denunció que unas 30.000 familias se han quedado sin plaza en una escuela infantil pública de cara al nuevo curso escolar. Con la nueva regulación que adoptó el Gobierno regional –que ha rebajado peligrosamente los criterios de calidad- el coste de una plaza en una escuela infantil aumentará sensiblemente, “por lo que los cheques guardería, que ya eran claramente insuficientes, llegarán a cubrir como máximo el 25% del coste de una plaza infantil”. Por ello, con el nuevo modelo las escuelas infantiles “tendrán más niños por aula, menos profesores y los requisitos de espacios serán mínimos. ¿Es así como el Gobierno regional concibe la calidad educativa?”, se preguntó por su parte Fátima Peinado.
Infraestructuras educativas insuficientes
Por otro lado, la consejera de Educación, Lucía Figar, “tiene la desfachatez de presumir del número de barracones en el que van a iniciar el curso una parte de los alumnos de la región”, afirmó Maru Menéndez, ya que “para cualquier responsable público debería ser un elemento de preocupación”. “El dato de 29 barracones no es más que un dato y un término que enmascara otros problemas”, denunció Fátima Peinado, que recordó que estos barracones albergarán a 700 alumnos. Mientras, los nuevos centros escolares que se abrirán a lo largo del curso y con capacidad para más de 2.000 alumnos, no lo harán hasta el próximo mes de enero. “¿Qué pasa con los más de 1.300 alumnos que tienen que esperar hasta enero y que no dan clase en un barracón?”
Esta situación es fruto de la política de inversiones en infraestructuras educativas de
Educación para
Maru
Actitud del Gobierno regional
Por último, la portavoz socialista recordó que la consejera de Educación “ha declarado que tiende su mano a la comunidad educativa. Mucho nos tememos que tienen que cambiar mucho las cosas para que así sea, ya que cada vez que dicen tender la mano, en la práctica hacen lo contrario”.
El ejemplo se ha dado a lo largo del curso pasado, “que ha sido convulso con una importante movilización de la comunidad educativa contra las diferentes decisiones del Gobierno regional y contra su falta de disposición a la interlocución”, recordó Menéndez que señaló la venta de un colegio público en El Álamo, el desmantelamiento de los Centros de Apoyo al Profesorado (CAP) y el intento de desmantelamiento de los equipos de orientación psicopedagógicos como ejemplos de la actitud del Gobierno regional que no duda en desmantelar un servicio público clave como es la enseñanza pública.

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