El Grupo parlamentario Socialista defenderá en el Pleno de la Asamblea del próximo jueves 10 de abril la Proposición de Ley Reguladora de la Comunicación Institucional y de la Actividad Publicitaria en la Comunidad de Madrid. El objetivo es “democratizar la publicidad institucional”, según la portavoz parlamentaria Maru Menéndez, evitar el abuso de los medios públicos por el Gobierno regional, y garantizar la transparencia en las adjudicaciones, que afectan a un presupuesto conjunto de más de 240 millones de euros anuales entre la administración regional y las locales que incluyen los 173 millones euros presupuestados por la Comunidad de Madrid y los más de 40 millones del Ayuntamiento de Madrid.

Maru Menéndez recordó que en el Debate de Investidura de Esperanza Aguirre “planteamos al inicio de esta Legislatura la necesidad de promover en la Comunidad de Madrid, como ya existe en otras comunidades autónomas y en el Estado, una Ley que regule la publicidad institucional y la comunicación institucional”. Se trata de una iniciativa vital “en una comunidad en la que estamos demasiado acostumbrados a percibir como algo natural la manipulación permanente que se está dando desde el Gobierno de Aguirre, tanto en los medios públicos de comunicación, como en las campañas institucionales”.

De hecho, insistió Menenéndez, “durante la pasada campaña electoral, en el mes de marzo, vivimos diferentes situaciones insólitas como han sido las segundas inauguraciones de los nuevos hospitales. Esto, con la Proposición de Ley que llevamos sería inviable”, ya que, “no se podrían realizar en periodo electoral actos que son de autobombo y propaganda y que no tienen nada que ver con el buen funcionamiento de los servicios públicos”.

La Proposición de Ley también plantea “elementos de transparencia y de control a través de la creación de una Comisión independiente que estaría integrada por nueve miembros a propuesta de los grupos parlamentarios y formada por personas de reconocido prestigio”, explicó Menéndez, que subrayó que dicha Comisión “tendría la responsabilidad de velar porque todos aquellos elementos recogidos por la ley sean cumplidos”.

Además, este Proyecto de Ley hace hincapié en la transparencia de las adjudicaciones públicas de las campañas de publicidad institucional, que se conseguiría a través de la información a la Asamblea de Madrid de todas aquellas contrataciones que superen los 30.000 euros

En definitiva, aseguró Maru Menéndez, “planteamos la necesidad de democratizar la publicidad institucional y garantizar a la ciudadanía que los medios públicos no se utilicen para un fin partidista como ocurre en nuestra región”.

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