El Secretario General del PSM, Tomás Gómez, ha denunciado la supuesta ilegalidad del pleno extraordinario celebrado hoy en el municipio de El Álamo en el que se ha aprobado el dictamen por el que se elabora el pliego de la cesión a una empresa privada del terreno y las instalaciones del CEIP Miguel Ángel Blanco.

Según ha subrayado Gómez se trata de un hecho “muy grave” y “sin precedentes” que afecta “no sólo al municipio de El Álamo sino para al conjunto de la comunidad educativa de la región”. “En primer lugar hay dudas sobre la legalidad del proceso iniciado por Ayuntamiento. No sólo supone el desmantelamiento de un centro público, sino que además se ha seguido un procedimiento administrativo que vamos a estudiar y llevar a los tribunales porque estamos convencidos que hay irregularidades jurídicas”.

Para el líder de los socialistas de Madrid, además, esto es “un fraude a los padres y madres de los cerca de 70 alumnos que están ya matriculados en el Miguel Ángel Blanco. Padres y madres que han matriculado a sus hijos en un centro de educación pública y que por una decisión de Esperanza Aguirre y del PP de El Álamo se van a encontrar con sus hijos en un centro privado”.

“En tercer lugar -ha incidido Tomás Gómez- esto marca el inicio de una nueva etapa del Gobierno regional que no es más que la continuación de lo que venía haciendo: la privatización sistemática de los servicios públicos, en este caso de la Educación”. “No hacen falta más plazas concertadas sino públicas. Lo que han hecho Esperanza Aguirre y el PP de El Álamo es regalar un centro público construido con fondos públicos a la iniciativa privada para que haga negocio con la educación de nuestros hijos y también con los recursos públicos invertidos por la Comunidad de Madrid”.

Posible irregularidad en los presupuestos
El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, Adolfo Navarro, quien ha recordado que los socialistas ya denunciaron esta circunstancia el pasado mes de febrero, ha destacado que la Asamblea de Madrid aprobó en el mes de diciembre unos presupuestos y que “el director general de infraestructuras no es quien para cambiar el destino de esos fondos presupuestarios”. Por tal motivo, ha continuado Navarro, “aparte de la posible irregularidad por parte del Ayuntamiento de El Álamo, existen indicios de irregularidad en la propia gestión presupuestaria de la Comunidad de Madrid porque eso es una estafa para los madrileños”.

Por su parte, la portavoz socialista de Educación en la Asamblea, Fátima Peinado, asegura que “esta decisión atenta gravemente contra los derechos de los padres que eligieron el Migue Ángel Blanco para escolarizar a sus hijos y supone un paso adelante muy grave por parte del Gobierno regional al privatizar un colegio público construido con el dinero de todos los madrileños”.

Posible irregularidad del proceso de cesión
La diputada regional insiste en que “se tienen serias dudas de que el proceso administrativo por el que se cede este colegio sea legal, y si sospecha de que existan irregularidades y deficiencias en el pliego de condiciones que se ha aprobado, así como en el comunicado del Director General de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación en el que cede el edificio al Ayuntamiento de El Álamo el pasado 7 de marzo”, al carecer de número de registro.

En este sentido, Peinado afirma que “el Ayuntamiento de El Álamo convocó ayer la Comisión de Educación y hoy un pleno extraordinario alegando motivos de urgencia tras la recepción, según ellos, del comunicado de la Consejería de Educación el pasado lunes 17 de marzo, cuando este comunicado se recibió el 7 de marzo, por lo que el motivo de urgencia no es otro que celebrar el pleno en las vacaciones de Semana Santa para evitar toda publicidad”.

Además, continúa la diputada, “el pliego de condiciones contempla que en los 50 años de concesión el ayuntamiento podría enajenar el colegio, teniendo la empresa adjudicataria el derecho de adquisición, por lo que no se descarta la futura venta del edificio público y su cambio de uso de educativo a otro”.

Por último, Peinado explica que el adjudicatario del edificio tendría que abonar al ayuntamiento durante los 24 primeros meses 75.000 euros al mes, y a partir de ahí 50.000 euros anuales. “El alcalde ha afirmado que de esta forma van a aumentar los ingresos del ayuntamiento, es decir, hace negocio a costa de un servicio público y del derecho a la educación de sus vecinos”, además de mentir, ya que “justifican la necesidad de un centro concertado por la inexistencia de uno de estas características en la zona, cuando en Navalcarnero hay 600 plazas libres en la escuela concertada”.

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