El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Consejería de Educación a pagar a casi 25.000 profesores de los colegios concertados los suplementos autonómicos no abonados correspondientes a los años 2006 y 2007. En total, el Gobierno de Aguirre ha sido condenado a pagar unos 25 millones de euros, lo que, a juicio de la portavoz socialista de Educación, Fátima Peinado, “demuestra que el Ejecutivo del Partido Popular sólo cumple con sus obligaciones si la Justicia lo impone”, lo que “es un ejemplo de la grave irresponsabilidad por parte de Aguirre y un desprecio a los derechos de los trabajadores de la enseñanza”.

Tras la sentencia, cada profesor recibirá entre 840 euros, en el caso de los docentes de Primaria, y 985 euros en el caso de los profesores de ESO, Bachillerato y FP. Estas cantidades suman los atrasos que han venido sumando los maestros, después de que la Consejería de Educación haya dejado de cumplir en 2006 y 2007 el Acuerdo Social para la mejora de la Calidad y el Empleo en el Sector de la Enseñanza Madrileña al que se comprometió el 9 de marzo de 2005. En concreto, este acuerdo estipula que cada profesor tiene derecho a ver aumentada su nómina en 32 euros mensuales cada año entre 2005 y 2009 hasta un total de 160 euros.

Para la diputada socialista Fátima Peinado, “resulta bastante contradictorio escuchar cómo el Gobierno de Aguirre reivindica constantemente la excelencia en la educación madrileña, mientras racanea el suplemento mensual de 32 euros a los profesores de los colegios concertados”.

“La calidad educativa pasa por el reconocimiento de los profesores, tanto de su prestigio como en su retribución, lo que, como señala el informe PISA en el caso de Finlandia, es la clave del éxito de la enseñanza”, recuerda Peinado.

“Es triste que con este Gobierno regional haya que recurrir a la Justicia para que se reconozcan los derechos de los trabajadores y se ejerzan los compromisos firmados por los propios consejeros”, afirma la diputada, que felicitó a los profesores por la sentencia que “demuestra que aunque en un principio el PP se niega a cumplir sus obligaciones, el sistema democrático tiene recursos suficientes para garantizar que esto no sea así”, concluyó.
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